Barracuda

SOBRE LA MINERÍA DE ARCILLAS EN TERUEL

28th abril 2009 | Campañas de Defensa,Ecologismo,Paisajes,Política y Sociedad

PROPUESTA DE LA PLATAFORMA AGUILAR NATURAL PARA UN ORDENAMIENTO DE LA MINERÍA DE ARCILLA Y DE AJUSTE DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A DICHA ACTIVIDAD EN ARAGÓN

ARGUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA

En la Plataforma Aguilar Natural llevamos más un año de aprendizaje y análisis del sector de la minería de arcilla en la provincia de Teruel. A raíz del proyecto de mina de arcilla a cielo abierto que presentó la multinacional WBB-España en Aguilar del Alfambra, hemos podido comprender no sólo lo que implica este caso puntual para nuestro pueblo, sino que hemos averiguado que debe ser contemplado como una pieza más en un abigarrado conjunto.

Las escalas de un problema

En efecto, no podemos menos que adoptar la misma perspectiva de análisis que la que tiene de actuación la otra parte implicada —WBB-España en particular y las compañías mineras en general— para poder estar a la altura del reto que se nos plantea. Ello supone combinar adecuadamente las siguientes escalas:

1. Local, por ser el ámbito final en el que se materializan los proyectos mineros.

2. Comarcal y provincial, ya que el análisis conjunto de todos los proyectos sobre minería de arcilla que se presentan, obligan a abordar estas escalas supramunicipales. Igualmente aquí se perfilan dos contextos potencialmente diferenciados: el de las sierras y la tierra baja.

3. Autonómica, por ser la ley de referencia para los trámites administrativos concernientes a la minería de arcilla la Ley de Protección Ambiental de Aragón.

4. Interautonómica, dado que lo que sucede en nuestra Comunidad Autónoma en este campo tiene su origen, estímulo y derivaciones causales en Comunidades vecinas, especialmente la Valenciana.

La minería de arcilla como actividad económica en el sur de Aragón
En el estudio de la minería de arcilla como actividad económica, en primer lugar partimos de la constatación incontrovertible de que la arcilla es una materia prima muy barata, lo que significa que el margen de beneficios que se obtiene de su explotación es muy ajustado.

De ahí se deriva que la inversión en las explotaciones de arcilla sea mínima, tanto en mano de obra, como en la calidad de los puestos de trabajo y en el mantenimiento de las minas, etc. Por lo tanto, los beneficios indirectos que una población puede obtener (empleos, estimulación de actividades de hostelería, etc.) es limitadísimo.

Este rasgo consustancial sólo podría compensarse si la actividad industrial transformadora asociada a la arcilla se ubicara en el lugar de la explotación, ya que ahí radica el verdadero interés económico diferencial de su explotación.

Hoy en día las arcillas que se extraen en la provincia de Teruel van a parar mayoritariamente a la Comunidad Valenciana. Especular con un traslado de dicha actividad industrial asociada a Teruel es pura fantasía. No hay indicios como no hay motivos para dejar de pensar que, si llegara a producirse esa supuesta disyuntiva, desde otras administraciones autonómicas se trataría de incentivar la permanencia en sus territorios de estas instalaciones.

Por ello, el establecimiento de actividades como la minería de arcilla, de escaso interés económico y dependientes de centros de consumo y decisión alóctonos, significa mantener en una parte sustancial de Aragón inercias económicas perjudiciales heredadas del pasado en vez de cambiarlas: se refuerza la dependencia económica del interior respecto de la periferia desarrollada y capitalizada.

En este tipo de relación económica desigual, aunque se genere un mínimo de actividad y beneficio en Teruel, la parte que se va a ir fuera es tan grande que al final de la operación resulta que la diferencia entre el interior productor de materia prima y la periferia transformadora de la misma, se ha ampliado en vez de verse reducida.

Por supuesto, esta operación se realiza sin computar un factor ineludible: la ponderación de los perjuicios que conlleva la minería de arcilla y que superan sus residuales beneficios, convirtiéndola —en términos generales— en una actividad regresiva para nuestra tierra y de nulo interés.

El contexto local como ámbito de demostración

En nuestro análisis hemos integrado la experiencia particular de Aguilar, donde hemos podido comprobar que la minería de arcilla es una actividad no ya nada interesante para nuestra tierra, sino perjudicial:

• Por motivos medioambientales, ya que uno de los valores diferenciales de Aguilar —como en general de la provincia de Teruel— es su buen estado medioambiental. Se inflingen daños:
- Al medio hídrico: destrucción de cauces, acuíferos, manantiales, tapizado de fondos de cauces por el arrastre de partículas en suspensión a los cauces, etc.
- Al medio vegetal: debido a la localización de los yacimientos de arcilla en nuestra provincia —como es el caso de Aguilar— se producen afecciones especialmente a bosques de ribera, aunque cualquier superficie vegetal puede quedar directamente dañada por tala o la sedimentación de partículas sobre la misma.
- A la fauna: la destrucción de hábitats redunda en el empobrecimiento animal: aves, mamíferos, peces, etc.
• Por motivos paisajísticos, que constituye otro valor diferencial y muy apreciado —al igual que en el resto de nuestra provincia—:
- Se destruyen paisajes o se producen alteraciones aberrantes en los mismos, visibles desde cascos urbanos, núcleos de hábitat disperso, carreteras, caminos, rutas, lugares de socialización e interés turístico (ermitas, santuarios, miradores, merenderos, etc.)…
- No se recuperan, dado que no se conoce ninguna restauración de minas de arcilla en la provincia de Teruel.
• Por motivos económicos y sociales, que en un contexto de despoblación, envejecimiento y escasa vida económica que apunta precisamente en estos años a un cambio de tendencia, constituyen una causa especialmente grave e intolerable:
- Se produce una drástica pérdida de calidad de vida: contaminación acústica, polvo, tráfico de camiones…, perjudicando a lo que en sí mismo constituye un valor diferencial de los pueblos de Teruel.
- Se destruye patrimonio, otro gran valor diferencial:
 Paleontológico y arqueológico, dado que los informes de parte presentados en los proyectos mineros suelen ser absolutamente tendenciosos y una vez que se inicia una explotación —tal y como refleja la experiencia— no hay ningún tipo de seguimiento ni control ni por parte de las empresas ni de la Administración.
 Arquitectónico: masías, parideras, caminos ganaderos, fuentes, etc.
 Natural: con la destrucción de paisajes característicos que pueden considerarse patrimoniales, como zonas de ribera, huerta, monumentos naturales singulares, etc., y la enajenación de la propia materia prima.
- Se causan perjuicios económicos:
 Hay actividades afectadas, como la agricultura y la ganadería, con la desaparición directa de explotaciones autóctonas.
 Se frustran expectativas de negocio (especialmente vinculadas con el sector servicios), ya que debido a sus grandes impactos paisajísticos, sobre la calidad de vida, medioambientales, etc., la minería de arcilla es una actividad que tiende al monocultivo, a desplazar tanto las actividades presentes como las potenciales.
 Se produce una depreciación de bienes raíces e inmobiliarios por los efectos degradantes de la minería de arcilla en el entorno y la calidad de vida, y por el empobrecimiento del medio económico.
 Siendo los valores diferenciales nuestro principal activo o capital económico, especialmente de cara al futuro, son de los más afectados a causa de la destrucción que provocan las minas a cielo abierto.

A los perjuicios irreparables que produce la minería de arcilla en un contexto económico, social, patrimonial y medioambiental como el de las sierras turolenses, y que se verifican en el ejemplo de Aguilar, hay que añadir la dimensión temporal y definitiva de la misma.

Por una parte, los beneficios residuales de esta actividad desaparecen cuando se agota la explotación de la materia prima. Por otra —y como ya hemos visto—, la explotación supone la enajenación definitiva de la materia prima bajo condiciones de explotación dependiente por tremendamente desigual.

Desarrollo de saqueo frente al «óptimo de desarrollo»

Es patente, por lo visto hasta el momento, que la minería de arcilla es una actividad perjudicial, con fecha de caducidad e hipotecas sobre nuestros principales valores sociales y económicos de cara al futuro inasumibles. Es decir, en el contexto —como mínimo— de las sierras turolenses, los proyectos de minería a cielo abierto adolecen de coherencia social y económica.

Pero el problema puede no limitarse a constituir un monumental e irracional ejemplo de explotación económica y depauperación social. Si sucede como en el caso de Aguilar, en el que el proyecto minero presenta numerosos e increíbles errores conceptuales, incumplimientos de la legislación vigente, se ocultan y manipulan datos, se ignoran partes fundamentales y se avala con informes dignos de toda incompetencia, se puede afirmar que nos encontramos ante una estafa a las poblaciones afectadas.

La inconveniencia congénita de la minería de arcilla en el contexto de la tierra alta turolense, junto con esta actitud agresiva y de falta total de interés e implicación con el territorio y sus habitantes, son en realidad síntomas de un modelo de desarrollo muy conocido por practicado: el desarrollo de saqueo o de expolio.
Por tanto, el desarrollo de saqueo queda caracterizado en este caso por todos los rasgos que identifican a la minería de arcilla como actividad económica en el sur de Aragón, junto con el único interés de obtener un beneficio crematístico a costa y en contra de los sujetos afectados.

De forma antagónica se constituye un modelo basado en el aprovechamiento y revalorización de los propios recursos, especialmente de los diferenciales, de forma ordenada, socialmente controlada, autorreproducible y sostenible. Este modelo que tiende a la fórmula que puede expresarse en el «óptimo de desarrollo», es el que de forma estatutaria defiende, propugna e impulsa esta PLATAFORMA.

Dicho modelo, coincidente total o parcialmente con el propuesto por otras organizaciones e instituciones, compatibiliza en su base de forma equilibrada lo social, lo económico y lo patrimonial, y debe distinguirse por:

• Estar hecho por y para la población.
• Integrar los tres grandes sectores económicos y estar siempre modulado a los recursos y valores diferenciales (en el caso de las sierras turolenses son fundamentalmente los medioambientales, paisajísticos y patrimoniales), que son nuestro principal capital, permitiendo su perpetuación.
• Ser ordenado, socialmente responsable y adecuado a las características del territorio.
• Estar estructurado prioritariamente en PYMES y cooperativas, estimulado por el tejido asociativo e impulsado por la potente acción de las administraciones públicas.

Especialización y estructuración económica sobre dependencia colonial
Entendemos que el óptimo de desarrollo ofrece unas bases sólidas y compensadas para crear y dejar un rédito diferencial sustancial, a diferencia de actividades como la minería de arcilla. Además es un modelo que, de forma en muchas ocasiones espontánea, está siendo paulatinamente adoptado en numerosas localidades turolenses y del resto de Aragón, generando expectativas de futuro e inercias que hasta hace poco tiempo no existían. Es por ello que el momento actual es crítico y puede conceptualizarse como un «momento palanca».

Este es el caso que modestamente va tomando forma en Aguilar en los últimos años, y que plantea una nueva consideración general: si realmente compensa implantar modelos de explotación industrial ya experimentados en otros lugares dominantes que se hayan especializados en él, en lugar de profundizar en un modelo peculiar, es decir, desarrollar una especialización económica específica que pueda combinarse de forma autónoma con otros modelos ya existentes y establecidos.

Nuestra respuesta es que no, no compensa. De hecho, para lograr una buena y justa estructuración económica a escala estatal y no la actualmente descompensada, dependiente y de evidente colonialismo interior, debe darse ese tipo de oportunidad a los territorios que pueden desarrollar un modelo económico y social equilibrado a partir fundamentalmente de su principal capital, sus valores diferenciales.

Por ello, y en un nivel general y tendencial que subsume a la minería de arcilla y su industria asociada como actividad concreta, descartamos por incompatible modelos y pautas de predominio industrial intensivo, descompensante, depredador y subordinado a centros alóctonos por incompatible con el tapizado estructurante y autónomo que supone el óptimo de desarrollo. Ello no es de ninguna forma equivalente a descartar la industria en el seno del óptimo de desarrollo, sino plantearlo bajo pautas y lógicas diferentes a las actuales emanadas desde los centros dominantes.

¿Procedimientos administrativos e instrumentos públicos de análisis y ordenación? El caso del Alto Alfambra: el proyecto de una cuenca minera no declarada.

Volviendo a la minería de arcilla, en el momento actual observamos que se está produciendo en la provincia de Teruel una avalancha anteriormente desconocida de proyectos de minas a cielo abierto de esta materia prima, que por sus características y tramitación empresarial pueden encuadrarse total o parcialmente en el modelo de desarrollo de saqueo.

Pero a su vez, esta acción refleja una evidente sistematización, es decir, que es ordenada y premeditada por quien la lleva a cabo. Es el caso —fundamentalmente— de WBB-España en el Alto Alfambra y sus alrededores, multinacional radicada en la Comunidad Valenciana y cuyas matrices se hallan en Reino Unido (WBB-Minerals) y Bélgica (SCR-Sibelco).

En un espacio de 15 por 30 kilómetros que afecta a 10 municipios (Cedrillas, Gúdar, Allepuz, Jorcas, Aguilar del Alfambra, Ababuj, Camarillas, Galve, Aliaga y Miravete), hay planteados y en distinto momento administrativo 12 proyectos de minas de arcilla a cielo abierto, la mayoría de ellos de WBB-España. De estos, 2 son de ampliación de explotaciones existentes (Galve y Cedrillas) y el resto son de nueva planta.

La sistematización de los proyectos se denota en la coherencia geográfica, pero no solo en ello. También en determinados procedimientos. Por ejemplo, siendo los yacimientos de arcillas amplísimos (de hecho es la madre geológica del valle del Alfambra), los proyectos curiosamente suelen afectar a 2 términos municipales. Con ello se busca el enfrentamiento entre poblaciones: si a una no le interesa la explotación a la otra sí le puede interesar en alguna medida, con lo cual puede ser manipulada como palanca para terminar llevando a cabo el proyecto de saqueo.

Pero estas razones no suponen una causa suficiente para demostrar que WBB-España trabaja secretamente y de forma planificada para crear ni más ni menos que un coto o cuenca minera. La causa primera se encuentra en la Comunidad Valenciana, fuera de Aragón, lo que refleja el grado de dependencia y falta de participación de esta tierra y su población a la hora de llevar a cabo ni más ni menos que toda una cuenca minera.

Una cuenca minera significa una actuación irreversible y contraproducente social, económica y medioambientalmente para estos municipios y que supone poner en explotación intensiva con minas a cielo abierto cientos de hectáreas, encuadradas en concesiones mineras de miles de hectáreas, de un territorio con intereses económicos y sociales antagónicos y con un alto valor paisajístico, medioambiental y patrimonial.
En la Comunidad Valenciana no se están concediendo permisos para abrir nuevas minas de arcilla a cielo abierto o ampliar las existentes (algo que por sí nos debería hacer reflexionar, ¿por qué allí sucede esto?). Por ello, las empresas suministradoras de arcilla a la industria cerámica valenciana se están lanzando a los territorios próximos en busca de la materia prima, como es el caso de Teruel.
Esto es un enorme inconveniente, dado el poco valor económico de la arcilla. Si los márgenes de beneficio son reducidos, si sumamos el coste del combustible para el transporte en camiones y el de reformular químicamente la arcilla de los nuevos yacimientos para que ésta pueda ser transformada, tenemos que el beneficio puede tornarse casi en inexistente (lo que por otra parte repercute en la calidad de la inversión). Estos inconvenientes han sido expresados como tales por la propia WBB-España.

Por lo tanto, una forma de optimizar la inversión para tratar de mantener el margen de beneficios es concentrando las explotaciones. Crear una cuenca minera. WBB-España está siguiendo esta lógica empresarial y para llevarla a cabo y conseguir sus beneficios económicos se aprovecha de tres bloques de oportunidades: del entorno socioeconómico de los pequeños pueblos turolenses, del marco legal y de la incapacidad de las instituciones públicas.

a) De cómo una empresa se aprovecha del entorno socioeconómico de las pequeñas poblaciones

Por una parte, aunque el momento actual es de repunte, la situación sigue siendo muy preocupante en los pequeños municipios de Teruel, por lo que cualquier inversión por perjudicial que sea, y convenientemente adornada con promesas total o parcialmente falsas y discutibles, puede ser bienvenida como un mal menor, aunque de cara al futuro acabe convirtiéndose en un mal definitivo.

Por otra parte, en estos lugares, unos Ayuntamientos infrafinanciados y por tanto sin plantilla ni recursos económicos necesarios para contratar profesionales que estudien los proyectos que se les presentan, no tienen casi capacidad para estudiar y ser conscientes de todas las consecuencias y perjuicios que pueden comportar los proyectos que se ponen sobre su mesa, y que habitualmente son, premeditadamente o no, defectuosos. Lo mismo sucede, pero agudizado, con los particulares.

Además, existe una inimaginable opacidad en los primeros pasos de un proyecto minero. Debido a ello, hay Ayuntamientos —y no digamos particulares— que no saben lo que se está planeando hasta que se presenta un proyecto, momento en el que el reloj empieza a correr para cumplir una serie de plazos establecidos. De hecho, y más allá de la primera opacidad administrativa, no es extraño que no se pidan permisos de investigación a particulares y Ayuntamientos cuando es obligatorio hacerlo.

Como último punto de este bloque, se juega de manera canalla con las amenazas de expropiación. O se acepta el dinero que la empresa pone sobre la mesa o se puede recurrir a la expropiación en virtud de la Ley de Minas. Esto, que no es tan sencillo y es solo una verdad a medias, es una baza que se emplea para presionar y engañar especialmente a los particulares.

b) De cómo el marco legal tiende a favorecer a las empresas mineras
Todas estas circunstancias que las grandes empresas manejan en su beneficio, se conjugan con el planteamiento administrativo de la Ley de Protección Ambiental de Aragón.

Esta Ley de 2006 tiene una lectura ambivalente. Por una parte refleja un paso adelante respecto de la situación anterior, donde las administraciones locales no tenían ni voz ni voto ni se tomaban en cuenta consideraciones que no emanaran del departamento de minas, lo que ponía todo absolutamente de cara a las empresas mineras.
Así, en la actualidad, se recogen inquietudes sociales y ambientales anteriormente inexistentes, se contemplan mínimos en los que se hace obligatorio una Evaluación de Impacto Ambiental y los Ayuntamientos tienen la capacidad de emitir una Licencia Ambiental de Actividades Clasificadas.

No obstante, la Ley contiene efectos perversos de cara a los afectados y perjudicados por proyectos mineros, ya que convierte en sujetos iguales a sujetos que son diferentes en sus capacidades, lo que significa que al hacer tabla rasa, juega a favor del más potente o poderoso.

Quiere decirse que una empresa minera se dedica profesionalmente a la labor que a otros afecta y perjudica, para lo cual cuenta con medios económicos, técnicos y profesionales de los que los demás carecen. Pero además juega con el tiempo a su favor, lo que es importantísimo, sobre todo cuando los primeros pasos de un proyecto minero —concesión de cuadrículas, investigación…— son absolutamente opacos para los demás.

De esta forma, cuando un proyecto se presenta, los plazos administrativos empiezan a correr rápidamente para todos, lo que es una ventaja cuando las otras partes en las fases preliminares no han tenido conocimiento ni oportunidad de acción preparatoria. Pero es especialmente ventajoso porque ni el tiempo favorece a los demás cuando los plazos administrativos están determinados, ni estos tienen la preparación, medios técnicos, económicos, humanos, profesionales, etc., para compensar en esos tiempos la desventaja que tienen respecto de quien se dedica profesionalmente a ello y con el campo que establece la Ley a su favor.

Pongamos un ejemplo. Un Ayuntamiento tiene la capacidad de conceder o denegar la Licencia Ambiental de Actividades Clasificadas, de la que depende el inicio o no de la actividad. Como un proyecto se acompaña de informes de parte favorables a la concesión de dicha Licencia, se ve en la obligación de concederla.

Y es que normalmente el procedimiento puede quedarse ahí en los Ayuntamientos pequeños e infrafinanciados, porque lo normal es que no tengan recursos para encargar informes que ejerzan de «segunda opinión» para saber que lo que les están diciendo es cierto. Con lo cual, pueden llevarse a cabo explotaciones de saqueo o estafas que quedan sin desvelar por falta de medios y tiempo, con total impunidad.
Si eso le sucede a un Ayuntamiento, imagínese la situación para un particular afectado.

La Ley debe tener la suficiente inteligencia como para saber distinguir la calidad de las partes y establecer procedimientos compensatorios reales y no aparentes.
Todos estos planteamientos no son elucubraciones abstractas deducidas del simple estudio, estamos exponiendo la experiencia de esta PLATAFORMA en un caso concreto y real.

c) De la incapacidad de las instituciones

El bloque relativo a cómo las empresas juegan con el marco legal a su favor para conseguir sus objetivos particulares a costa y en contra de los demás, apunta a un último bloque, el de la incapacidad de las instituciones públicas supramunicipales para analizar, decidir y actuar en este tipo de casos. Eso, sin contar con la desalentadora percepción de la actuación de los departamentos de minas, que parecen negarse a considerar de forma global las consecuencias y perjuicios de la minería de arcilla en determinados contextos.

Cuando un proyecto llega a las administraciones públicas supramunicipales para ser aprobado, considerado y evaluado, sucede precisamente eso, que se estudian casos individuales.

Aparentemente no tienen capacidad para evaluarlos en conjunto y darse cuenta de que, por ejemplo, en el Alto Alfambra se quiere hacer una cuenca minera. Y nadie ha sido hasta el momento capaz de intervenir ni de decir nada.

Como quedó dicho, una cuenca minera no es una nimiedad, no es cualquier cosa, es una actuación de gran magnitud, irreversible y a gran escala sobre el territorio de poblaciones cuyos habitantes son la razón de ser de esas administraciones. Pero sucede que éstas son, o parecen ser, incapaces de poner sobre un mapa proyectos y relacionarlos con las noticias de los periódicos.

Las administraciones públicas deben contar con los instrumentos legales y la inteligencia necesaria para obrar en consecuencia. No es de recibo que una empresa decida hacer una cuenca minera y que nadie mueva ni un dedo. Es necesario someter estos intereses privados que generan múltiples y graves consecuencias al poder público.

Y como es obvio, el poder público no puede actuar arbitrariamente, de lo que se deduce que es absolutamente necesario un plan de ordenación de la minería de arcilla.

El bloque legal ignorado

Aunque la Ley de Protección Ambiental de Aragón presenta una lectura ambivalente y por tanto mejorable, existe además todo un corpus legal que impele a la ordenación del sector y que en lo tocante a lo expuesto (la ordenación de la minería de arcillas, aunque es fácilmente extensible a la minería en general y a otras actividades agresivas con el medio), se mantiene incumplido, por observar o por desarrollar.
Esto viene a demostrar que hay una ineficiente gestión de la minería de arcilla, ya que se carece de instrumentos adecuados, falta una perspectiva global del problema y no se contemplan normativas legales ya existentes. Hacemos un somero repaso de estos últimos casos:

• Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón. Título V. Competencias de la Comunidad Autónoma (a continuación ejemplificamos señalando en negrita los aspectos concretos que entendemos atañerían al caso de Aguilar del Alfambra y del Alto Alfambra):

- Artículo 71, Competencias exclusivas
 Punto 8: Ordenación del territorio, conforme a los principios de equilibrio territorial, demográfico, socioeconómico y ambiental.
 Punto 19: Tratamiento especial de las zonas de montaña que garantice su modernización y un desarrollo sostenible equilibrado.
 Punto 21: Espacios naturales protegidos, que incluye la regulación y declaración de las figuras de protección, la delimitación, la planificación y la gestión de los mismos y de los hábitats protegidos situados en Aragón.
 Punto 22: Normas adicionales de la legislación básica sobre protección del medio ambiente y del paisaje, que incluye la planificación de la prevención y eliminación de las distintas fuentes de contaminación, así como el desarrollo de políticas que contribuyan a mitigar el cambio climático.
 Punto 45: Patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, arqueológico, arquitectónico, científico y cualquier otro de interés para la Comunidad Autónoma, en especial las políticas necesarias encaminadas a recuperar el patrimonio aragonés que se encuentre ubicado fuera del territorio de Aragón.
- Artículo 75, Competencias compartidas.
 Punto 2: Régimen minero, en especial, la regulación y el régimen de intervención administrativa de las minas y recursos mineros, así como la restauración de los espacios afectados por actividades extractivas.
• Decreto legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón (a continuación ejemplificamos señalando en negrita los aspectos concretos que entendemos atañerían al caso de Aguilar del Alfambra y del Alto Alfambra):
- Artículo 27, Protección del medio ambiente. En lo relativo a protección del medio ambiente, corresponde a las comarcas:
 D) Otras competencias:
o b) La preservación, regulación y promoción de las actividades y usos tradicionales relacionados con el medio ambiente.
o c) La promoción de la formación, sensibilización social y la participación ciudadana en las cuestiones ambientales, impulsando la realización de campañas y actividades formativas y divulgadoras.
- Artículo 32, Energía, promoción y gestión industrial.
 2. En lo relativo a promoción y gestión industrial, corresponde a las comarcas:
o d) La emisión de informe en las solicitudes de otorgamiento de derechos mineros para actividades a desarrollar en la comarca.
o f) En general, la colaboración con el órgano autonómico competente y las entidades locales en la elaboración de estudios sobre el desarrollo industrial de la comarca.
• Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés (a continuación ejemplificamos señalando en negrita los aspectos concretos que entendemos atañerían al caso de Aguilar del Alfambra y del Alto Alfambra):
- Preámbulo:
 [...] Las sucesivas generaciones nos han legado el Patrimonio Cultural como testimonio de nuestro ser, como herencia insustituible y como un estímulo fundamental para la creatividad contemporánea. Este Patrimonio es propiedad común de toda la ciudadanía aragonesa y sus elementos han contribuido, y siguen contribuyendo, a la configuración de la cultura española y del conjunto de los países mediterráneos. Sin la preservación y potenciación de nuestra cultura se impondría la uniformidad, que potencia formas de desarrollo social basadas en un modelo único. [...]
 [...] En ese sentido, el Patrimonio Cultural es concepto del Derecho Internacional General, apto para caracterizar un tesoro común de la humanidad, cuya conservación debe garantizarse en interés de las futuras generaciones. [...]
 [...] Los poderes públicos están obligados a proteger la integridad del Patrimonio Cultural aragonés, y también a promover cuantas acciones se consideren necesarias para su conservación y difusión, tanto en el interior como en el exterior de nuestro territorio. Los mismos derechos y deberes se le reconocen a la acción pública de la ciudadanía para su defensa y protección. El conjunto de los bienes que hoy constituyen nuestro Patrimonio son tales como consecuencia de la acción social de la ciudadanía que, a lo largo de generaciones, los han sabido apreciar como riqueza colectiva y aportación histórica. Es, por tanto, responsabilidad del Gobierno de Aragón fomentar en la sociedad el sentimiento de conservación y apreciación de nuestro Patrimonio mediante una información rigurosa y asequible, una adecuada formación y el impulso de la participación ciudadana. [...]
 [...] Esta Ley pretende diseñar una política cultural que siente la base jurídica sobre la que debe descansar el régimen de protección e impulso del Patrimonio Cultural Aragonés. Se presenta bajo el título de «Patrimonio Cultural» por entender que el término «cultura» es el más adecuado para describir el conjunto de bienes que se regulan y es más amplio que el de historia o arte, que los definen parcialmente. El Patrimonio Cultural se define como el conjunto de elementos naturales, o culturales, materiales e inmateriales, tanto heredados de nuestros antepasados como creados en el presente, en el cual los aragoneses reconocen sus señas de identidad, y que ha de ser conservado, conocido y transmitido a las generaciones venideras, acrecentándolo.
 El Patrimonio Cultural es un bien social, por lo que su uso ha de tener la finalidad de servir como factor de desarrollo integral al colectivo al que pertenece, adquiriendo así el valor de recurso social, económico y cultural de primera magnitud. El Patrimonio Cultural no está concebido en esta Ley de forma estática, sino que pretende posibilitar que las generaciones presentes y las venideras gocen de un marco jurídico que posibilite y fomente la creación cultural y la formación dinámica de un nuevo patrimonio. Finalmente, la Ley propone formas para posibilitar la democratización del patrimonio, fomentando la participación y corresponsabilización de los agentes sociales y económicos. [...]
- Artículo 2, Patrimonio Cultural Aragonés. El Patrimonio Cultural Aragonés está integrado por todos los bienes materiales e inmateriales relacionados con la historia y la cultura de Aragón que presenten interés antropológico, antrópico, histórico, artístico, arquitectónico, mobiliario, arqueológico, paleontológico, etnológico, científico, lingüístico, documental, cinematográfico, bibliográfico o técnico, hayan sido o no descubiertos y tanto si se encuentran en la superficie como en el subsuelo o bajo la superficie de las aguas.
- Artículo 5, Derecho de disfrute. Todas las personas tienen el derecho a disfrutar del Patrimonio Cultural Aragonés, de conformidad con lo establecido en las reglamentaciones aplicables.
- Artículo 6, Deber de conservación.
 2. En todo caso, las personas que tengan conocimiento de una situación de peligro o de la destrucción consumada o inminente o del deterioro de un bien del Patrimonio Cultural Aragonés deberán, en el menor tiempo posible, ponerlo en conocimiento del Ayuntamiento correspondiente, del Departamento responsable de Patrimonio Cultural o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, quienes comprobarán el objeto de la denuncia y actuarán conforme a Derecho. La Administración de la Comunidad Autónoma pondrá en conocimiento del denunciante las acciones emprendidas.
• Ley 7/2006, de 22 de junio, de Protección Ambiental de Aragón (a continuación ejemplificamos señalando en negrita los aspectos concretos que entendemos atañerían al caso de Aguilar del Alfambra y del Alto Alfambra).
- Artículo 1. Objeto. regular el sistema de intervención administrativa ambiental de los planes, programas, proyectos, instalaciones y actividades susceptibles de afectar al medio ambiente en el ámbito territorial de Aragón, como forma de prevención, reducción y control de la contaminación y del impacto ambiental.
- Artículo 2. Finalidades.
 a) Establecer un control administrativo ambiental previo de determinados planes, programas, proyectos, actividades e instalaciones.
 c) Garantizar la calidad de vida y favorecer un desarrollo sostenible mediante un sistema de intervención administrativa ambiental que armonice el desarrollo económico con la protección del medio ambiente.
 e) Fomentar la participación social en los procedimientos administrativos regulados en la presente Ley y garantizar la efectividad de los trámites de información pública previstos.
 f) Promover la responsabilidad social a través del conocimiento de los efectos que sobre el medio ambiente llevan implícitos la puesta en marcha o ejecución de los planes, proyectos o actividades regulados en la presente Ley.
- Artículo 9. Información ambiental y participación pública.
 1. El departamento competente en materia de medio ambiente o, en su caso, los organismos públicos a él adscritos, deberán garantizar el derecho de acceso a la información sobre el medio ambiente en la forma y términos que se establecen en la normativa que regula su ejercicio.
 2. La información que, de manera sistematizada, esté en disposición en el departamento competente en materia de medio ambiente o, en su caso, en los organismos públicos a él adscritos, se hará pública utilizando los medios que faciliten su acceso al conjunto de los ciudadanos, incluyendo, a estos efectos, los medios o soportes digitales e informáticos existentes, así como la asistencia técnica personalizada suficiente.
 3. Sin perjuicio de los trámites previstos en los regímenes de intervención administrativa ambiental regulados en la presente Ley, la Administración que en cada caso resulte competente garantizará el derecho de participación pública y de acceso a la información ambiental en la forma y términos establecidos en la normativa que regula su ejercicio.
 4. Las entidades locales afectadas por los procedimientos administrativos regulados por la presente Ley incorporarán a los expedientes correspondientes un pronunciamiento expreso acerca de la sostenibilidad social del plan, proyecto o actividad que podrá ser considerado por la Administración competente a los efectos de la resolución administrativa correspondiente.

Por una ordenación del sector y un ajuste de los trámites administrativos

Sirva esta última parte de la Argumentación de nuestra Propuesta como corolario y resumen de la situación.

La minería de arcilla supone un reto en diversos niveles, y es absolutamente necesario conjugar todos ellos para percibir y responder en justicia a las necesidades y retos que plantea.

Entendemos que en términos generales la minería de arcilla es una actividad que no interesa, al menos, a los municipios situados en el contexto de las sierras turolenses.

En ocasiones, y debido a la actitud y a la calidad de los proyectos presentados, esta actividad cae en el modelo de desarrollo de saqueo a las poblaciones afectadas, dado que se convierte en perjudicial.
Ante la gravedad que supone la profundización de este modelo, se contrapone otro más justo y eficiente, lo que termina por descartar a la minería de arcilla como actividad interesante.

Pensamos que las administraciones públicas de rango supramunicipal deberían no ya asumir el óptimo de desarrollo como propio, sino al menos tender a atraer actividades que simplemente sean más rentables y con menos perjuicios económicos y sociales a corto, medio y largo plazo, y no dependientes de otros centros de decisión.

Pero lejos de ello, las administraciones supramunicipales —en la mejor de las opciones posibles— destacan por su inanidad mientras que los trámites administrativos tienden a favorecer a la parte más poderosa, que es la que provoca perjuicios gravísimos, llegándose a plantear una cuenca minera entre el silencio y la inacción más absoluta. Eso, a pesar de la existencia de buenos dispositivos legales que ayudarían a regular estos casos, pero que se marginan o se desconocen.
Es por ello que es necesario una ordenación del sector y un ajuste de sus trámites administrativos.

Pero no solo por eso. Reconocemos, como no puede ser menos, que la minería de arcillas en un plano general es una actividad necesaria y que hay sujetos interesados en ella, por lo que de ninguna manera debe vetarse. Debe racionalizarse, evaluarse y controlarse.

PROPUESTA PARA UN ORDENAMIENTO DE LA MINERÍA DE ARCILLA Y AJUSTE DE SUS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS EN ARAGÓN

Queremos con esta propuesta contribuir a conseguir un fin concreto, el que expresamos en estos puntos.

Pero también partimos de la voluntad de contribuir a una mejora social general y a establecer un mayor nivel de exigencia en Aragón, porque de ello redunda una revalorización de la economía, el medio, el patrimonio y de la sociedad, lo que es sin ningún género de dudas beneficioso para todos.

Por tanto, esta propuesta no debe ser percibida como una serie de trabas o impedimentos al desarrollo, porque no es otra cosa la que buscamos con su proposición.

Abogamos por una ordenación y racionalización del sector en Aragón, y por un mejoramiento de los procesos administrativos contemplados en las leyes, basados en los siguientes puntos:

1. En los planes de ordenamiento deben primar los valores sociales sobre los económicos, siempre y cuando se entiendan estos desde la vía estrecha de la obtención del mayor beneficio a cambio de la menor inversión posible sin más consideración.
2. Debe analizarse desde la raíz la pertinencia social y económica de la minería de arcilla considerando el contexto y las condiciones en las que se va a desarrollar.
El objetivo de este punto es modular el alcance de la minería de arcilla en función de los beneficios sociales y económicos reales que se calcula que va a producir.
3. Por tanto, el interés general debe quedar definido por la evaluación global de la actividad en Aragón.
No cabe confundir el interés general con el interés de la parte más poderosa, porque entonces es un interés siempre parcial. Debe llegarse al interés general como una conclusión sintética.
4. La ordenación debe producirse después de un debate público, equilibrado en la difusión y participación de todos los planteamientos y libre de presiones e injerencias.
5. La ejecución de los planes de ordenación debe quedar supeditada siempre al interés de las poblaciones.
Si a una población incluida a priori en un plan, en un momento dado no le interesa —de forma justificada— su desarrollo en su localidad, ese plan debe quedar en suspenso allí y reevaluado en su entorno.
6. Debe asegurarse así un ámbito de decisión autónomo al mundo rural sobre las inercias subordinadoras de los grandes centros económicos y por definición urbanos.
7. Debe garantizarse la información y la capacidad de participación igualitaria de todas las partes afectadas en el desarrollo administrativo de un proyecto minero en su integridad, desde la petición y concesión de cuadrículas mineras hasta el último paso existente, y sin ningún atisbo de coerción.
La actividad minera genera múltiples y profundas consecuencias en una sociedad, y por ello debe ser una actividad socialmente controlada y no impuesta sobre la sociedad en función de los intereses particulares del sector.
8. Debe tender a preservarse y respetarse el espíritu y el articulado de normas legales ya existentes que coadyuvan al objetivo de todos los puntos anteriores.

Texto aprobado en la Asamblea General Ordinaria de la Plataforma Aguilar Natural del sábado 11 de abril de 2009.

Plataforma Aguilar Natural

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