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REFORMA ENCUBIERTA DE LA LEY DE COSTAS

edificio en la playa

Una reciente reforma de la Ley de Navegación Marítima del Ministerio de Medio Ambiente, medio Rural y Marino puede suponer un importante retroceso en la Ley de Costas e impedir la recuperación del litoral. La prensa confirma que el Ministerio de Medio Ambiente no consultó a su consejo asesor la reforma de la Ley de Costas que introdujo en la Ley de Navegación. Este organismo debe informar sobre las normas con incidencia ambiental. El Gobierno considera que su reforma no entraba en esa definición. El texto tampoco pasó por el Consejo de Estado ni irá al Pleno del Congreso.

La Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA) ha denunciado este hecho como una reforma encubierta de la Ley de Costas, que permitirá la compraventa de edificaciones en el dominio público. Los ecologistas critican a la ministra Elena Espinosa por falta de transparencia en su gestión al frente de la cartera de Medio Ambiente.

ADEGA manifiesta que el ministerio modificó la Ley de Costas a través de dos apartados de la Ley de Navegación Marítima, norma que nada tiene que ver con el medio ambiente ni con el litoral. En esta dirección, los ecologistas resaltan que la medida fuese tramitada en comisión y no pueda ser debatida en el Pleno del Parlamento.

De esta forma, Adega afirma que, con la nueva normativa, al expirar la concesión de las casas construidas antes de 1988 en dominio público el Estado se reserva el derecho de tanteo, mientras que hasta hoy, las viviendas no podían ser vendidas.

Con esta carambola legal las viviendas se revalorizarán, con lo que aumentan los precios de las expropiaciones y hacen que muchos expedientes no sigan adelante al ser inviables económicamente.

Para ADEGA se dificulta así la recuperación del dominio público y la reforma supondrá la convalidación legal de algunos de los desastres urbanísticos perpetrados durante la década de los 80, década en que entró en vigor la Ley de Costas.

Por último, sentencia que se confirma la pérdida de peso de las políticas ambientales frente al productivismo y los lobbys especulativos, lo que implica un decepcionante retroceso respecto de las políticas valientes que aplicó Cristina Narbona, anterior responsable del departamento.

En lo que respecta a la Xunta, ADEGA se pregunta dónde está el prometido Plan de Ordenación del Litoral, pues la moratoria de los 500 metros que estableció la Ley de Medidas Urgentes tiene un final inminente -el próximo 17 de mayo-. Todo parece indicar que, como en tantas ocasiones, el medio ambiente va a ser quien pague las consecuencias de la crisis.

Marcha atrás en el camino anterior
La ex ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona pisó muchos charcos. Y en dos de ellos -la costa y el agua- se terminó por ahogar. El retraso en las desaladoras que debían sustituir el trasvase del Ebro y las protestas de alcaldes y comunidades con costas (del PSOE y del PP) y de las embajadas de países de la UE por la aplicación de la Ley de Costas colmaron la paciencia de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. Ésta, diputada por Valencia, llegó a supervisar deslindes de costas de Valencia para minimizar los daños.
El deslinde es un trámite muy complejo y aparentemente técnico, pero con gran relevancia ya que, basándose en criterios geográficos, se decide qué casas quedan en dominio público y cuáles pueden seguir en manos privadas. Hay mucho dinero en juego. Si en 2003, Medio Ambiente deslindó 332 kilómetros de costa, en 2007 superó los 1.500 kilómetros. Y las protestas se multiplicaron con la superficie deslindada. Más del 83% del litoral ya lo está.
Así que al otorgar la gestión del medio ambiente al equipo de Agricultura, uno de los objetivos de José Luis Rodríguez Zapatero era rectificar estas dos políticas. Y la ministra Elena Espinosa se ha puesto a ello a su manera, callada pero inexorable, sin los sobresaltos de Corbacho en la rectificación de la política de inmigración de la etapa de Caldera.
En materia de agua no queda ninguno de los responsables del anterior equipo, Medio Ambiente admite públicamente que «las desaladoras no son la panacea» y planea un nuevo trasvase desde el Tajo en Extremadura al Segura, algo impensable con el equipo antitrasvasista de Narbona. Con el cambio de la Ley de Costas comienza el cambio de rumbo para evitar problemas en el litoral.
El País 02.02.2009
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Biodiversidad Política y Sociedad Sostenibilidad

LEY DEL PATRIMONIO NATURAL Y LA BIODIVERSIDAD

Se ha aprobado la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que ha entrado recientemente en vigor. Sustituye a la Ley 4/89. Podemos leer un análisis de Ramón M. Álvarez Halcón de lo que supondrá la nueva norma, en esta página de la Sociedad Española de Malacología.

Sin duda, con la Ley 42/2007 estamos ante un hito legislativo, como en su día fue la Ley 4/89, la cual, a pesar de sus defectos, supuso un profundo cambio en la mentalidad y la relación con el medio ambiente. Dejo aquí un párrafo significativo del preámbulo de la nueva Ley:

El patrimonio natural y la biodiversidad desempeñan una función social relevante por su estrecha vinculación con la salud y el bienestar de las personas, y por su aportación al desarrollo social y económico, por lo que la presente ley establece que las actividades encaminadas a la consecución de sus fines podrán ser declaradas de utilidad pública o interés social, a todos los efectos, y, en particular, a los efectos expropiatorios respecto de los bienes o derechos que pudieran resultar afectados.

Además, el Gobierno ha publicado otras dos leyes sobre desarrollo del medio rural. Estas son todas las referencias: